Como respuesta adaptativa a las políticas de persecución y mano dura de los gobiernos, el crimen organizado en México se ha transformado y ha diversificado sus actividades ilegales. Estos procesos de reconfiguración han traído consecuencias negativas para la población, entre ellas incremento de secuestros, extorsiones, asaltos y, en general, violencia.

En México, esta reconversión inició durante el sexenio de Felipe Calderón, pero se ha profundizado y sostenido en los sexenios posteriores. El miedo es una constante en diversas regiones de México, y el desplazamiento de la población por causa de la violencia es una realidad sombría.

En los estudios que abordan este fenómeno se identifican como causas los ajusticiamientos violentos que se extienden hasta la familia, equivocaciones en la selección de objetivos, reclutamiento forzado de personas, extracción de recursos locales, así como el control del territorio y de la población a través del miedo.

Sin embargo, se trata de un tema sobre el cual oficialmente no se tienen datos, y tampoco hay programas de atención y de acompañamiento. Los desplazados por causa de la violencia, principalmente mujeres cabeza de familia, aún siguen siendo invisibles para el Estado.

Con el propósito de contribuir en la visibilización de este problema, recuperamos los relatos de mujeres desplazadas por causa de la violencia e identificamos en ellos las condiciones en que son recibidas en el nuevo entorno: las carencias, necesidades y rechazo que padecen, junto con las estrategias, elecciones y fortalezas a las que recurren para sobrevivir.

El objetivo es ilustrar, mediante estos testimonios, la realidad de la violencia desatada por causa de una política persecutoria que no considera fundamental en su planificación establecer mecanismos para garantizar los derechos humanos de las víctimas, entre ellos el derecho a vivir seguro.

El desplazamiento interno por causa de la violencia en México parece un problema invisible, aun cuando gobierno y sociedad lo conocen. Aparece de manera intermitente en las noticias y en la discusión pública, cuando ocurren desplazamientos masivos o cuando algún personaje relevante lo padece. Pero nuevamente se esconde, quedando acaso informes especializados que son atendidos por muy pocos. Como se trata de algo invisible, no existe información precisa.

Oficialmente se ignora el número de afectados, no existen programas específicos para atenderlos ni se han previsto mecanismos de reparación y de justicia. Lamentablemente, el problema sigue invisible porque gobierno y sociedad prefieren aparentar que no existe. Pero además, porque en su mayoría las víctimas no quieren ser vistas: ellas buscan seguir invisibles, quizá para que nadie más pueda seguir haciéndoles daño.
Parece justo interpelar a los gobiernos que ha sido incapaces de atender los daños colaterales y cuestionar al Estado, que no sólo se ha mostrado ineficiente y omiso en garantizar la seguridad y el respeto a los derechos, sino que además ha generado más violencia y sufrimiento. Sin embargo, también es necesario que como sociedad acompañemos las voces de quienes sufren las consecuencias de la violencia, y juntos descubramos formas nuevas de vivir con justicia y seguridad.

El Estado no los ve, y la sociedad no generado las redes comunitarias que permitan a las víctimas contar con lazos de solidaridad, protección y ayuda. Las desplazadas sobreviven en una situación de soledad y desesperanza, de rechazo social y de abandono institucional. Permanecen como víctimas, con la tristeza por haber perdido todo y con el temor de perder un poco más; esperando, sin esperar, que en algún momento sociedad y gobierno actúen para atender su situación.